"ES FÁCIL DETECTAR DE FORMA PRECOZ A UN MALTRATADOR".

Algunas de las 49 muertes de mujeres a manos de sus compañeros sentimentales este año, como la de Ana María Fábregas tras haber puesto más de 20 denuncias antes de morir a martillazos en junio pasado, se podrían haber evitado si se evaluara la peligrosidad real del agresor desde la primera denuncia de su víctima. Algo que parece lógico, pero que rara vez ocurre. María Castellano, catedrática de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada, especialista en psiquiatría forense y experta en temas de violencia familiar, dirige desde hace cuatro años un equipo de investigación que ofrece a los jueces servicios de valoración médico-forense de la violencia familiar en Andalucía oriental.

Los informes (más de 70) que realizan los miembros de su universidad, compuesta por siete personas y con subvención oficial, tienen dos peculiaridades con respecto a las habituales pruebas periciales. Para realizarlos se entrevista a "todas las personas a las que afecta el clima de violencia", es decir, no sólo a la mujer que presenta la denuncia, sino también a los hijos y, más importante, al agresor. Además , las entrevistas se realizan "en su medio ambiente, en donde viven". "A veces la mujer que ha denunciado está en la misma casa que el agresor, y uno ve la dinámica entre ellos cuando están contando sus problemas, que actitud tienen", explica Castellano.

La catedrática que participó durante la pasada semana en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, critica que normalmente cuando el juez pide un informe a un forense tras una denuncia por maltrato, éste sea "muy somero y aislado, sólo de la víctima y de cara a evaluar la lesión que tiene alguien desde un despacho". Para Castellano, el problema "requiere una valoración médico-forense de la violencia, un informe mucho más global, en el que se vea a los agresores".

"Con una buen exploración y hablando con las personas, rápidamente se manifiestan cómo son, porque son individuos que no lo ocultan", explica la experta, que afirma que es "fácil de detectar" a un maltratador. "Utilizamos un cuestionario que da 16 rasgos de personalidad que retratan muy bien a la persona". Así, "puntuaciones extremas en impulsividad, agresividad, afectación por los sentimientos, inestabilidad emocional, ansiedad, tensión, sobreexcitación", dan pistas para saber, "de forma precoz", "qué riesgo tiene de cumplir sus amenazas". La evaluación también permite ver "el estado médico-psicológico de la mujer y de los hijos y qué ayuda necesitan".

Castellano advierte que "no se pone el énfasis en que, cuando una mujer denuncia, está poniendo sobre la mesa del juez lo que ocurre en su casa, su situación personal, la de sus hijos y de su marido". Así, medidas como las contempladas en la nueva orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica "están muy bien sobre el papel". "Pero hay que aplicarlas teniendo en cuenta las personas a las que se dirigen", añade.

Es importante, según la experta, que los jueces dicten sentencias "adecuadas a la realidad de cada caso, comprendiendo bien qué pasa en esa familia, cómo es la mujer y qué medidas son las mejores para ayudarla
psicológicamente".

La catedrática cree que éste es un momento "ideal" para crear estas unidades de valoración de la violencia familiar, ya que se están constituyendo institutos de medicina legal en cada comunidad autónoma. Agrupan "a los médicos forenses para asesorar a los jueces y servir de apoyo proporcionando pruebas", detalla. Según Castellano, "estos institutos exigen una organización de la medicina legal similar a la que hay en Europa", es decir, tendentes a la especialización. "Por eso deben existir estas unidades en las que se integre un equipo multidisciplinar que realice estas evaluaciones globales, con apoyo de asistentes sociales y de psicólogos", sostiene.

Su proyecto, al ser universitario, sólo recibe una subvención anual de 6.000 euros, "para los desplazamientos", puntualiza la experta. Sin embargo, Castellano cree que el coste de la implantación de estas unidades de valoración de la violencia doméstica en todos los institutos de medicina legal no sería muy gravoso. Asegura que no generarían "un coste adicional", ya que bastaría con adscribir a estas unidades a funcionarios de los institutos forenses. "es una cuestión más organizativa que económica", concluye.