Nombre: Mariló Femenía. Edad: 29 años. Estado civil: soltera (y madre). Residencia: Valencia. Trabajo o Actividad: prostituta. Mariló Femenía se dedica a vender sexo desde que cumplió los 18 años. Aunque tuvo una etapa en la que se dedicó "a ser ocupa y a tocar la flauta por las calles". Pero aquello duró hasta que se quedó embarazada. Entonces volvió a la prostitución para poder afrontar el nacimiento de su hija, "como nos pasa a todas". Igualito que su madre, que ahora limpia los baños y hace las camas de los clubes en los que antes retozaba con sus clientes.

Femenía ya lo ha visto todo. El antes: los años de sus comienzos en el negocio. Y el después: todas las imágenes de su madre trabajando, que quedaron en su memoria con la esponjosidad de la infancia y la contundencia de la adolescencia. "Muchas veces uno no vive lo que quiere, sino lo que le toca", dice sin demasiada resignación. Hoy casi podría decir cómo va a ser su vida. Pero su voluntad de luchar por los derechos de las prostitutas ha cambiado sus perspectivas.

Sin embargo, la combinación de esas dos palabras, "derechos" y "prostitutas", tiene dos lecturas completamente contrarias y que centran un debate tan oculto u ocultado como controvertido, que tiene como telón de fondo la posibilidad de regular la prostitución en España, y que esta semana resurgía con motivo de una polémica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

De un lado, los que consideran que las más de 300.000 mujeres que se prostituyen en España (la mayoría extranjeras) son "mujeres prostituidas" y explotadas porque ejercer esa actividad es, de por sí, un atentado contra la dignidad y los derechos humanos. Por tanto, "regular sus condiciones laborales es legitimar una práctica de violencia contra las mujeres". Ésta es la postura abolicionista que defiende la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, junto con otras 70 organizaciones de mujeres que insisten que hay que criminalizar al cliente.

De otro lado, los que consideran que la prostitución no tiene porqué ser una explotación, sino que precisamente puede serlo gracias a la clandestinidad de esa actividad. Por eso reivindican una regulación mediante el reconocimiento oficial de los "trabajadores del sexo", que permita que éstos tengan los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador. Es decir, que estén dados de alta en l Seguridad Social, por cuenta ajena o como autónomos, y puedan cotizar y así tener derecho a prestaciones sociales como el desempleo, el permiso de maternidad, las vacaciones, las bajas por enfermedad... Ésta es la posición reglamentista que defienden las asociaciones de prostitutas constituidas en los últimos años como Hetaira, la Asociación de Mujeres que Ejercen la prostitución (AMEP) o la Asociación Libre de Mujeres de Alterne (ALMA) y la Federación de Mujeres Progresistas, entre otras.

Traducido en cifras, el negocio clandestino de la prostitución mueve al año unos 18.000 millones de euros (dos billones de pesetas), que si declarasen impuestos supondrían un ingreso anual de 3.000 millones de euros en las arcas del Estado, según los datos de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA).

La reciente sentencia del TSJA obliga a los dueños de un local de alterne a dar de alta en la Seguridad Social como "camareras de alterne" a 12 mujeres, por entender que existía una relación laboral entre ellas y los propietarios del local. La sentencia pone el dedo en la llaga y genera jurisprudencia en la línea reglamentista, evidenciando un vacío legal. Y plantea muchas cuestiones: ¿Cómo se puede dar de alta en la Seguridad Social a unas mujeres como "camareras de alterne" si tal epígrafe no existe? Ser "camarera de alterne" en un club, registrado también como hotel y en el que las chicas pueden alquilar habitaciones, ¿no puede implicar que se esté ejerciendo allí también la prostitución?; Si finalmente el dueño del local las da de alta, ¿cuáles serían las condiciones del trabajo? Y si además las chicas se prostituyeran, ¿no podría ser acusado el dueño del local de incitar a la prostitución (o hacerlo realmente) y, por tanto, de proxenetismo?, actividad tipificada como delito en el Código Penal, independientemente del consentimiento de la persona.

En opinión del magistrado Miguel Carmona, portavoz de Jueces para la Democracia, "no sería ningún disparate jurídico que la prostitutas pudieran cotizar a la Seguridad Social como autónomas, pero el Derecho no puede favorecer la venta del cuerpo, porque la experiencia nos revela que siempre tiene algo de vejatorio. El Derecho no debe fomentar la mercantilización de esa actividad desde un punto de vista moral".

Pero, "¿de qué moral?", se pregunta Cristina Garaizabal, portavoz de la asociación Hetaira. "El problema, cuando es la sexualidad lo que está en juego, es que el Estado legisla queriendo imponer una moral, la dominante. Y es justamente esa moral la que estigmatiza a las prostitutas y a su trabajo".

Según Garaizabal, debería empezarse por reconocer "a los trabajadores del sexo" y arbitrar una serie de reformas legales que permitiesen darles de alta como autónomos y cotizar en función de una estimación de ingresos como en otros muchos trabajos; o bien en régimen de asociación, y que pudieran regentar sus propios negocios como otra empresa, o bien en régimen asalariado. Esta última posibilidad es la más controvertida porque significa legitimar la figura del chulo, "pero delimitando sus exigencias mediante todas las cláusulas necesarias", dicen. Además hay que ofrecer alternativa para las que quieran dejarlo.

Los empresarios de locales de alterne barren para casa y defienden la regulación laboral de las prostitutas, siempre que sean autónomas y no sean ellos los que paguen su Seguridad Social, lo que podría implicar tener contratadas a menos chicas por ser menos rentable. "La profesión de prostituta sólo puede ejercerse en libertad. Lo otro (trabajar por cuenta ajena) sería legalizar el proxenetismo", dice su portavoz José Luis Roberto.

Una comisión de investigación en el Senado recoge todas las posturas para publicar, en breve, una conclusión sobre la situación legal y social de la prostitución.

En medio de todos ellos las prostitutas se asocian para que se oiga su voz.

Como la de Mª José Barrera (AMEP): "Estamos hartas de que todo el mundo sepa lo que nos pasa, lo que nos hace falta y lo que pensamos sin que nadie nos escuche".

Mucha ley y poca práctica

La prostitución dejó de ser "contraria a las buenas costumbres" en Alemania el 1 de enero de 2002, cuando entró en vigor una ley impulsada por el gobierno de socialdemócratas y verdes. La normativa incluye la posibilidad de que las meretrices se afilien a la Seguridad Social y acudan a los tribunales cuando los clientes se nieguen a pagarles. En la práctica, sin embargo, poco ha cambiado para las 400.000 prostitutas que trabajan en el país. Además, más de la mitad de ellas -las extranjeras sin permiso de trabajo- están excluidas de la protección legal. Pero incluso las alemanas sólo se han afiliado a la Seguridad Social en casos aislados. Los dueños de los prostíbulos son reacios a formalizar contratos de trabajo porque tendrían que pagar parte de las cotizaciones. Y las mismas meretrices -también las que son autónomas- prefieren no darse a conocer frente a las autoridades.

Contar con un contrato de trabajo y estar afiliado a la Seguridad Social conlleva pagar impuestos, y muy pocas quieren hacerlo.

Tampoco ha sido muy eficaz el hecho de poder defenderse ante los jueces del impago de sus servicios porque "los clientes casi siempre pagan por adelantado", explica Stephanie Klee, prostituta que preside la Asociación Federal de Servicios Sexuales, creada tras la reforma legal.

La ley se ha quedado a medio camino y quedan detalles por regular. Pero Klee cree que "es importante por reconocerle derechos a las prostitutas".

El hilo rojo de Holanda

Holanda (16.000.000 de habitantes) legalizó los burdeles en octubre de 2.000 en un intento de equiparar el negocio del sexo a cualquier otra empresa y eliminar así la prostitución de menores y la explotación de inmigrantes ilegales. La ley obliga a las prostitutas, unas 30.000 en cifras oficiales, a darse de alta como trabajadoras y a pagar impuestos. Por su parte, los dueños de las casas públicas deben pedir un permiso municipal de explotación, garantizar la seguridad e higiene del local y tener a sus empleadas en regla. El tráfico de personas o la prostitución forzada se penalizan hasta con seis años de cárcel. Las trabas burocráticas han provocado que algunos burdeles hallan cerrado, al no obtener el sello oficial.

Según un informe del Ministerio de Justicia en 2.002, la desidia administrativa ha entorpecido la mejora de la situación de las prostitutas. Una visión compartida a medias por El Hilo Rojo, el sindicato del colectivo: "legalizar los burdeles supuso una gran oportunidad para modificar nuestra situación laboral y la emancipación que ello conlleva. Hay que entender que el proceso es lento", señala una portavoz. Los críticos de la norma aducen que la trasparencia en los burdeles ha trasladado a los menores sin papeles a regiones apartadas más difíciles de supervisar. Pero, para El Hilo Rojo, el problema de los ilegales de toda clase es del Ministerio de Exteriores, y no iba a mejorar con una norma sobre burdeles.